En 1950, todavía como parte del Departamento del Magdalena, el Cesar tenía un ingreso por habitante similar al promedio nacional. En 2006 el mismo indicador es de 73%. El habitante del Magdalena está peor: cuenta hoy con sólo el 52% del producto del colombiano medio.
En los últimos 10 años el producto del departamento se ha ampliado mucho gracias a la minería del carbón pero en términos del ingreso departamental —restados las ganancias de las empresas mineras, los impuestos nacionales, la remuneración de los ejecutivos e ingenieros que viven en Barranquilla— el impacto es menor en cerca del 40% del valor minero. Lo que le queda a los habitantes de la región son los ingresos de los contratistas locales, los de la mano de obra que viven ahí y las regalías que recibe el departamento y los municipios adyacentes a las minas.
El Cesar ha pasado por varias bonanzas que han acabado mal; cada una de ellas dejó al menos un barrio bonito y arborizado en Valledupar. La primera, impulsada por un auge mundial, fue la del algodón que fue expoliada en parte por los textileros que conformaban un monopolio de compra de la fibra que se llamaba Diagonal y que lograba que el gobierno prohibiera las exportaciones, revaluara el tipo de cambio e impusiera precios bajos al sector. El contrabando, por su parte, frenaba la industrialización de la región que debía utilizar los insumos caros de la industria protegida del interior. Los mismos algodoneros no se pusieron impuestos para financiar la investigación agrológica que los proveyera de métodos y variedades adaptadas al medio ambiente, de tal modo que las plagas terminaron por arrasar con la bonanza del oro blanco.
Más adelante el Cesar, junto con La Guajira, fue el teatro de la bonanza marimbera que financió el contrabando y se disipó en consumo suntuario. Las luchas entre los clanes que intermediaban el tráfico ilegal multiplicó la violencia, hasta que los Estados Unidos hicieron una substitución de importaciones con variedades de mayor contenido alucinógeno que las locales.
Otras bonanzas han sido disfrutadas por la ganadería con sus exportaciones masivas hacia Venezuela y por la palma africana que se cultiva en San Alberto. En cada una de ellas, y lo mismo está sucediendo frente a la bonanza del carbón, la dirigencia cesarense no se ha organizado para sembrarlas y para orientar el desarrollo de la vocación agroindustrial que tiene el departamento.
En el tema de las regalías hay despilfarro: entre 1995-2005 se han pagado $750.000 millones, lo que da $829.000 por cada habitante, mientras que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas cubre al 45% de la población. En 2006, cada habitante debió usufructuar $118.500. También las transferencias de la nación han sido apropiadas por grupos ilegales. Hay evidencia de una enorme pereza tributaria.
El investigador Jaime Bonet, del Centro de Estudios Regionales de Cartagena, propone que parte de las regalías se destinen a modernizar la administración pública de departamentos y municipios del país para que cuando se acaben las bonanzas por lo menos subsista el Estado a nivel local y departamental. Así sus habitantes podrán resolver sus problemas y enfrentar mejor el futuro.
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